El arbitraje es un mecanismo alternativo de carácter privado de resolución de conflictos o de litigios mediante el cual los interesados (ya sean personas físicas o jurídicas), de común acuerdo, excluyen del conocimiento de los jueces y tribunales por razones de operatividad y rapidez. En su lugar, ponen el conflicto en conocimiento de una tercera persona neutral denominada árbitro, quien dictará una decisión sobre la controversia que será obligatoria para las partes.
La ley que regula esta forma de resolución de conflictos es la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, excepto el arbitraje laboral, que tiene su regulación en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
De acuerdo con la Ley de Arbitraje, serán susceptibles de someterse a dicho procedimiento las controversias sobre materias disponibles libremente por las partes que hayan surgido o puedan surgir de las relaciones jurídicas entre ellas.
Por lo tanto, podremos acudir al arbitraje para resolver cualquier problema que nos surja con otra persona. Por ejemplo, si un vecino emite ruidos constantes a altas horas de la noche que provocan que otra persona no pueda descansar, en vez de acudir a los tribunales, se puede acudir a un árbitro para que resuelva la disputa.
Un procedimiento de arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado. Este acuerdo arbitral será válido y vinculante para las partes cuando se cumplan dos requisitos, en cuyo caso se entenderá que las partes quedan sujetas a arbitraje:
- Voluntad de las partes para someterse al arbitraje.
- Determinación de la relación jurídica de la que resulten las controversias o cuestiones litigiosas a resolver.
El procedimiento arbitral termina con una resolución del árbitro denominada laudo.
El laudo arbitral contiene el pronunciamiento de los árbitros sobre la cuestión litigiosa, cuya resolución les fue encomendada en virtud del acuerdo arbitral de las partes.
El laudo firme produce el efecto de cosa juzgada, por lo que no se podrá volver a iniciar un procedimiento por la misma causa. Por ello la ley restringe al máximo las posibilidades de impugnación del laudo, otorgando a las partes únicamente dos posibilidades: acción de anulación y el recurso de revisión.
En definitiva, el arbitraje es un procedimiento alternativo al procedimiento judicial para resolver prácticamente cualquier tipo de controversia. El laudo arbitral tiene el mismo carácter vinculante que una sentencia judicial, por lo que lo dispuesto por el árbitro en dicha resolución será de obligado cumplimiento para las partes implicadas.